La huelga es un derecho fundamental reconocido en la Constitución (art. 28.2) y que permite al trabajador la defensa de sus intereses frente a los abusos del empresario. El problema viene cuando el ejercicio de dicho derecho entra en conflicto con el derecho de los ciudadanos a servicios esenciales (transporte, limpieza, sanidad, protección).
Ciertos colectivos han aprovechado durante décadas su situación al frente de servicios esenciales, especialmente transporte, para conseguir beneficios a cuenta del sufrimiento y la desatención de los ciudadanos, y no de la presión al empresario, que en estos casos apenas existe.
Hablo de los trabajadores de empresas de transporte, y especialmente las de las grandes ciudades, pues millones de personas dependen de ellos a diario y de su buen funcionamiento.
Hoy, por enésima vez desde que tengo conocimiento, hay convocadas huelgas de metro y autobús en Madrid, y esta vez dentro de un contexto de recortes y pérdida de derechos laborales que nos afecta a todos. Ésta es su excusa, pero no vale para las decenas de huelgas anteriores mediantes las cuales han conseguido mejoras para unos pocos a cambio del sufrimiento y la desatención de una mayoría.
Este abuso y perversión del derecho de huelga es en parte responsable de que ahora ciertos elementos del gobierno planteen la restricción o «modulación» de este derecho que en absoluto es igual para unos colectivos que para otros, tanto en coste como en resultados.
¿Se han planteado alguna vez los empleados de estos colectivos que con sus huelgas consiguen sin querer el despido de muchos otros trabajadores por llegar al trabajo tarde repetidamente? Muchas gracias (dicen los empresarios).
1 comentarios
GrumpyWolf dice:
4 Ene 2013
Hay un interesante artículo en El País de hoy al respecto: Conflictividad social y derecho a huelga.
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